Los cambios constantes que viven las grandes ciudades suponen un gran desafío para los responsables de la protección y asistencia a los ciudadanos. La puesta en común de experiencias e iniciativas ha sido uno de los objetivos de la decimonovena edición de las Jornadas Municipales sobre Catástrofes y el decimocuarto Encuentro de Voluntarios de Protección Civil.

Como en años anteriores, las Jornadas reunieron en la capital a responsables de los servicios de emergencia municipales y de distintas comunidades autónomas, así como a profesionales y expertos nacionales e internacionales y a empresas y compañías del sector. En los debates y ponencias se abordaron temas como los modelos de atención a las víctimas, la innovación de los procedimientos asistenciales o las características de las unidades de soporte vital. Clausurado el encuentro se realizó el simulacro de catástrofe, la asistencia al evento fue incluso mayor que en pasadas ediciones.

y en 2011 volveremos.

De acuerdo con este informe, la exposición laboral a sustancias tóxicas produce cada año en España decenas de miles de enfermedades respiratorias, de piel, del sistema nervioso o cardiovasculares, entre otras.

Las Administraciones "no gestionan adecuadamente" los riesgos químicos a pesar de que representan una grave amenaza para la salud pública, han denunciado los secretarios confederales de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Pedro José Linares y Llorenc Serrano, respectivamente, al presentar el estudio.

Dispersión de legislación, escasez de recursos y plantillas y falta de coordinación entre los innumerables departamentos y organismos con competencias en la materia (hasta ocho ministerios están implicados), son las principales deficiencias, sin olvidar en algunos casos "la falta de interés" de la Administración, que ha puesto de manifiesto Pedro José Linares.

A juicio de este responsable es la Administración, como garante de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, la que tiene el deber de prevenir y controlar el riesgo químico.

El riesgo químico es un "gran desconocido" para la población, y por ello no existe inquietud entre la misma, ha señalado por su parte Llorenç Serrano, aunque no obstante supone una grave amenaza para la salud pública.

Según el estudio, más de 18.000 trabajadores sufren accidentes a causa de la exposición a sustancias químicas peligrosas en su trabajo, y la incidencia del cáncer en el ámbito laboral en España ocasiona entre 2.933 y 13.587 casos nuevos cada año y entre 1.833 y 8.214 trabajadores mueren de cáncer de origen laboral.

De acuerdo con las mismas fuentes, los efectos sobre el medio ambiente son también muy inquietantes, ya que la liberación al entorno de las sustancias químicas provoca la contaminación de los ríos y los mares, del aire, del suelo, de los alimentos y del agua.

En Europa se comercializan cerca de 150.000 sustancias químicas pero sólo se dispone de información extensa, esto es, sólo se han realizado evaluaciones de riesgo de 141 sustancias.

Según CCOO, se estima que en España unas 2.289 empresas fabricarían o importarían 90.161 sustancias diferentes, pero mientras "no termine el proceso de registro, en 2018, no se sabrá la fiabilidad de estos datos".

En cuanto a los costes económicos, CCOO cita varios estudios ya publicados por otros organismos, para señalar que el coste anual, únicamente de los cuidados ocasionados por la exposición a sustancias químicas en Europa se ha cifrado entre 3.589 y 15.000 millones de euros al año.

El coste de la depuración de sustancias químicas de aguas residuales industriales en Europa se cifran entre 102 y 340 millones de euros al año y el coste del tratamiento de los procedentes de las aguas depuradas giran en torno a los 180 millones de euros al año.

La sentencia es pionera en España, ya que se trata de la primera vez que los demandantes no son empleados de la fábrica, sino 47 vecinos que vivían en sus inmediaciones y que, según la resolución judicial, sufren enfermedades que son producto del contacto que han mantenido diariamente con el amianto que utilizaba Uralita para fabricar sus materiales.

El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha considerado que "es claro" que la causa de los padecimientos de los demandantes, o de sus familiares fallecidos, es la actividad industrial realizada desde 1907 en la factoría de Uralita situada entre Cerdanyola y Ripollet, municipios donde han residido durante décadas los afectados.

Según la sentencia, los medios de transmisión que han causado la enfermedades de los demandantes abarcan desde las emisiones de la fábrica en forma de polvo de amianto, la manipulación de las ropas de los trabajadores por parte de sus familiares en sus domicilios y la contaminación derivada de la degradación de depósitos de residuos derivados de la propia actividad industrial.

"Incluida la que probablemente fuera provocada a consecuencia del esparcimiento que durante muchos años se realizaba por los operarios de la propia empresa por las zonas urbanas de ambos municipios, ciertamente con la aquiescencia, incluso complacencia, de la propia población y de las autoridades", añade la sentencia.

Durante el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 17 de junio, los demandantes reclamaron una indemnización de 5,6 millones, insistiendo en que la empresa "esparció por todas las calles" de esas dos localidades "trozos de asbesto" y "polvo de amianto", y que no tomó ninguna medida de precaución al saber que dicho material era perjudicial para la salud.

La sentencia indica que dicha actividad que la factoría llevaba a cabo, "al parecer, para suplir, de forma cómoda y barata, la falta de asfaltado de las calles", denota "al menos un punto de imprudencia, en cuanto ya era innegable la conciencia social en el mundo del riesgo que implicaba para la salud la utilización del amianto", prohibido en España en 2002.

"Ello viene a ser muestra de cómo una práctica dirigida en principio a paliar el subdesarrollo o la falta de infraestructuras de algunas zonas de España en la segunda mitad del siglo pasado, se ha vuelto con el tiempo en contra de la población que durante años ha visto resurgir su economía gracias a una actividad industrial boyante", argumenta la resolución notificada el pasado 5 de julio.

No obstante, también concluye que "dicha realidad no puede eximir a la empresa que la realizaba, incluso aunque se hubiese ajustado a la normativa vigente, (...), de las graves consecuencias que ha producido para la salud pública".

En consecuencia, condena a Uralita a pagar más de 3,9 millones de euros a los 45 vecinos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet que demandaron a la empresa, y que recibirán indemnizaciones de entre 43.079 y más de 400.000 euros, según los casos, por las lesiones que sufren en el aparato respiratorio, que en ocasiones han conducido al fallecimiento, y por daños morales.

En este sentido, la sentencia concluye que "quienes han resultado afectados por el contacto con el asbesto, de alguna manera, por mínima que sea, han sufrido una agresión en su organismo, que debe ser indemnizada", por lo que considera que es procedente la indemnización, no sólo por daños físicos, sino también morales, a los afectados.

En la plataforma técnica RAGTAL, situada en Wasserbillig, Luxemburgo, se entrena a los bomberos de toda Europa en una instalación térmica de madera que posee un simulador de “flashover”. Cada programa de entrenamiento integra el aprendizaje de las tácticas más correctas que se deben adoptar frente al fuego dentro de un edificio, en condiciones de alta complejidad como la baja visibilidad, la salida de emergencia en situaciones extremas, además del uso de las cámaras de vídeo para detectar incendios y personas. Con aproximadamente 1000 personas que se entrenan por año, el estrés físico de cada instructor del equipo del CFB (comportamiento frente al fuego) es alto y, por lo tanto, es muy importante la confianza que tienen en el rendimiento de la prenda de protección que utilizan durante los programas de entrenamiento. Por eso, los instructores del RAGTAL utilizan un traje de protección de alta tecnología que posee una capa exterior de Nomex® Tough que no sólo ofrece una increíble resistencia a las llamas y el calor, sino que es extremadamente duradera, puesto que Nomex® es un material inherente al tejido y, por lo tanto, la protección acompaña la vida útil de la prenda.

Modificaciones del diseño para satisfacer las exigencias de los instructores
Los trajes de protección Nomex® utilizados por los instructores del RAGTAL son el resultado de dos años de estrecha colaboración. Se trata de un proyecto realizado conjuntamente por DuPont y seis empresas del programa NQP : el fabricante textil Fritsche y los fabricantes de prendas Consultiv, Isotemp-Vorndamme, S-Gard, Texport y Viking. Los diseños estándar de color rojo oscuro de los fabricantes se utilizan en las prendas que poseen una capa exterior de Nomex® Tough. Sin embargo, se han efectuado pequeñas modificaciones en el diseño para satisfacer los requisitos especiales del grupo de instructores del RAGTAL.

Programa de pruebas en condiciones reales
Los trajes de Nomex® para bomberos que fueron presentados al RAGTAL en junio de 2009, han integrado un nuevo programa de evaluación en el marco del programa NQP de DuPont. Los instructores del CFB actúan como expertos que ponen a prueba los trajes y la comodidad de los mismos y someten el rendimiento de las prendas a las condiciones extremas dadas en la prueba del ácido. Después de cada sesión, los instructores controlan y registran la calidad de la prenda de protección. Los resultados así obtenidos en materia de protección, confort, estructura del tejido, rendimiento de la membrana y de los otros materiales utilizados se transmiten a los fabricantes involucrados y a DuPont. Esta información sirve como base para mejorar los trajes de protección contra el fuego fabricados con Nomex®.

“Las prendas de protección para los instructores del RAGTAL son productos de alta calidad y su eficacia se pone a prueba diariamente”, explica Juergen Klotz, Director Regional para Alemania, “el conocimiento así adquirido constituye las bases para el desarrollo futuro de los productos Nomex® y nos permitirá cumplir con nuestro objetivo de mejorar el confort de las prendas de alto rendimiento para la próxima generación de trajes de bomberos”.

En esta modificación se introduce la obligatoriedad de que estos chalecos se comercialicen certificados conforme a UNE EN 471 clase 2 en cuanto a superficie de material de fondo y reflectante y clase 2 de
retrorreflexión de la cinta reflectante. Asimismo, las cintas reflectantes deberán llevar integrado el nombre del fabricante de forma visible, legible e indeleble para una mejor verificación del material.

ENTRADA EN VIGOR

La orden entra en vigor a los seis meses de su publicación, esto significa, el día 23 de julio del presente año.

El sector de la construcción pide que la vía penal sólo se aplique en los accidentes laborales graves

20-01-09 Fuente: EuropaPress
El sector de la construcción pedirá hoy a la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, una reforma legal del sistema de responsabilidades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que reduzca sólo a situaciones de incumplimientos graves la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal.

Los agentes de la construcción entregarán esta tarde su análisis legal ante Trabajo, reflejado en el informe elaborado por el bufete Cuatrecasas 'Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral. Propuestas de reforma a la luz de la experiencia comparada', presentado hoy en la sede del despacho.

"La deriva de penas por vía penal en España es desproporcionada e irracional", explicó el socio de Cuatrecasas responsable del informe, Salvador del Rey, quien mantuvo que ésta "debe ser la última medida cuando haya culpabilidad e intencionalidad" y apostó por la primacía de la jurisdicción social.

El informe está avalado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), cuyos representantes acudieron a la presentación.

"La constitución de la Fiscalía especial de prevención de riesgos laborales no es la solución, ya que sus éxitos se fijan según el número de condenas", apuntó el presidente de CGATE, José Antonio Otero, quien recordó que "las acusaciones utilizan la vía penal para pactar indemnizaciones y después retirar la denuncia".

El sector de la construcción propone 21 medidas con el objetivo de simplificar la determinación de la responsabilidad en caso de accidente laboral, ya que, en la actualidad, se puede recurrir a la vía penal, la administrativa, la social, la indemnización civil y el llamado recargo de prestaciones.

"Se plantea un menor protagonismo de la jurisdicción penal y que ésta se traslade a la legislación social. A su vez, que la vía contencioso-administrativa determine las sanciones administrativas, y sólo en ocasiones excepcionales que haya indemnizaciones civiles", explicó el responsable del informe.

El 83,85 % de las empresas riojanas alcanzaron la siniestralidad cero

16-01-09 Fuente: ADN
El 83,85 por ciento de las empresas riojanas no registraron ningún accidente laboral durante el año pasado. Es uno de los datos que el consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, presentó en la reunión del Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la cita también se presentó el plan formativo en prevención de riesgos y relaciones laborales para este año, que engloba 57 acciones que reflejan "la preocupación del Gobierno" por acercarse a la siniestralidad cero, un objetivo "difícil", según Erro.

El año pasado 2.119 empresas riojanas, un 16,15 por ciento del total, registraron algún accidente con baja. Son 142 menos en el 2007: un descenso del 6,3 %.

Respecto al número de siniestros que provocaron absentismo laboral, la cifra disminuyó algo más del once por ciento. En el 2008 se produjeron 6.185 sucesos de estas características, 775 menos que el ejercicio anterior.

La mayoría de las contingencias (99,2 %) tuvieron carácter leve. Con respecto al 2007, los accidentes más livianos bajaron un 10,9 por ciento (de 6.886 a 6.138), los graves un 40,7 % (24 menos) y los muy graves quedaron reducidos a la mitad (de seis a tres).

Sin embargo no hubo ninguna variación en los incidentes de trabajo mortales. Nueve personas, a efectos de estadísticas, murieron en La Rioja como consecuencia de algún accidente laboral. Los mismos que hace dos años. Tres de ellos fueron en sucesos de circulación -dos initínere y el resto en el lugar de trabajo.

Por sectores, la siniestralidad laboral se redujo un 21,36 % en la construcción, un 10,28 % en la industria, cerca del 4 por ciento en los servicios y poco más del uno % en la agricultura.